Boletín de Prensa 75 – Agosto 8 de 2024
- Más de 3.500 personas que se encuentran allí recluidas, se encuentran en riesgo por el déficit en el personal de salud.
La Personería de Medellín, a través del Observatorio del Sistema Penal, Penitenciario y Carcelario, alerta a la dirección de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, por el déficit de personal para la prestación del servicio de salud en el COPED El Pedregal, con el fin de que tome todas las acciones pertinentes e inmediatas en virtud de sus funciones para solucionar esta problemática a la mayor brevedad posible y evitar poner en peligro la vida de las más de 3.500 personas que se encuentran allí recluidas.
El día 5 de agosto de 2024, esta agencia del Ministerio Público tuvo conocimiento de las dificultades en la prestación de servicios de salud que enfrenta la población privada de la libertad. Esta situación surge tras la renuncia masiva del personal encargado de prestar dicho servicio, debido a la inconformidad con las condiciones laborales propuestas por el nuevo operador contratado por Fiduprevisora, que inició la prestación del servicio de salud intramural el día 1 de agosto de 2024.
Este déficit de personal representa un grave riesgo para la vida e integridad física de las personas allí recluidas, especialmente para aquellos que padecen diagnósticos que requieren revisiones, procedimientos y tratamientos continuos suministrados por el área de sanidad del centro carcelario. Además, pone en peligro la capacidad de respuesta ante emergencias que necesiten atención inmediata, traslados o el cumplimiento de citas médicas y odontológicas.
Para este Ministerio Público, es inminente hacer valer los derechos fundamentales de salud y vida de toda persona privada de la libertad, quienes deben ser iguales ante la Ley y contar con igual protección por parte de los órganos de justicia, a fin de conservar sus garantías fundamentales, exceptuando aquellos derechos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente por disposición de Ley y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad.