Boletín de Prensa / 31 Mayo 2018
- El conflicto entre grupos delincuenciales por disputa territorial en Altavista, San Javier y Robledo, mantiene atemorizada a la ciudadanía.
Durante los primeros cuatro meses del año, agudizándose el tema en el pasado mes de abril, se han evidenciado fuertes problemáticas de orden público y afectaciones a los Derechos Humanos en las comunas 7 Robledo, 13 San Javier y el Corregimiento de Altavista, tal como lo han expuesto diversas instituciones locales, organizaciones sociales, medios de comunicación y la Personería de Medellín. En razón de la persecución incesante de las autoridades a los grupos armados ilegales, de la fragmentación y la disputa entre estos por rentas legales e ilegales y, sobre todo, del carácter estratégico de la zona, que sirve como corredor para el transporte de armas y drogas ilícitas, estas tres comunas se han convertido en objeto y botín territorial para los actores armados, cuya manifestación más severa y preocupante es la vulneración de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Los actores armados, en medio de sus disputas, han atentado contra la vida y la integridad de la ciudadanía en estas comunas. En relación con dicha situación y con absoluta preocupación quiero resaltar el aumento de los homicidios en los tres territorios: en Robledo, del 1 de enero al 2 de mayo de 2018, se han registrado 29 homicidios, 13 más que en el mismo periodo del 2017, lo que representa un aumento del 81 %; en la comuna 13, San Javier, aunque la variación es menos significativa porcentualmente, es también preocupante, pues se pasó de 13 a 15 homicidios en el mismo periodo, lo que equivale a un aumento del 15 %; en Altavista, por su parte, se ha evidenciado el aumento más dramático, puesto que se pasó de 3 a 13 homicidios en ese lapso, lo que representa una variación porcentual del 333 %. Todo esto se ve reflejado en el estado de zozobra en el que permanecen los habitantes de estos territorios.
Por otro lado, la intensificación de la conflictividad entre los diferentes grupos armados ha llevado a que, del 1 de enero al 30 de abril, la Personería haya registrado 182 declaraciones por desplazamiento intraurbano en las tres comunas, lo que representa un total de 389 personas desplazadas: 180 en Robledo, 155 en San Javier y 54 en Altavista. La institucionalidad local, de la mano de la Policía Nacional, deberá enfocar la atención en este problema, ya que implica el deterioro del tejido comunitario y la vulneración de otros derechos, como el trabajo, la vivienda y la educación, en especial de los niños, niñas y adolescentes de las familias afectadas.
De igual manera y con preocupación, hemos recibido las denuncias de la ciudadanía frente a las extorsiones a las que están sometidos los transportadores y los comerciantes, lo que genera aumento en el costo de vida y afecta gravemente la calidad de vida de las personas. La Personería se ha reunido con líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y diferentes organizaciones que han manifestado que no es un fenómeno nuevo, pero que, ante el aumento de los enfrentamientos y la incursión de nuevos actores armados, es cada vez más difícil llevar una vida digna. En San Javier, durante los últimos días de abril algunos alimentadores del Metro y las rutas 200, 222, 201, 202, 203 y 221 dejaron de prestar servicio por temor a las represalias por el no pago de “vacunas”. En Altavista, tal como lo evidenció la Personería, varios productos de consumo diario, como el gas, las arepas y los huevos, se encuentran sometidos al control y el cobro de “vacunas” por parte de grupos armados ilegales. En Robledo, por su parte, la ciudadanía, en general, y los conductores de buses, en particular, han manifestado ser víctimas de extorsión, incluso varias veces en un solo recorrido, pues diversos grupos armados tienen control sobre diferentes puntos de la comuna.
Ante esta preocupante situación, reiteramos el compromiso y el acompañamiento constante a la comunidad por parte de la Personería de Medellín, labor que se ha intensificado tras conocerse las primeras alarmas y las manifestaciones de diferentes líderes sociales y de la ciudadanía. Nuestro compromiso con los Derechos Humanos nos lleva a estar constantemente recorriendo los territorios y avisando oportunamente a las instituciones que tienen el deber de atender a la población.
En vista de la situación expuesta, hacemos un llamado a las demás instituciones del Ministerio Público para que ejerzamos un acompañamiento constante a la comunidad en procura de proteger y restablecer los Derechos Humanos vulnerados en los últimos días. De igual manera, exhortamos a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a la Alcaldía de Medellín a que continúen con la labor de desestructurar los grupos armados ilegales y capturar a quienes han venido atemorizando a la población civil, pero también, llamamos a todas las autoridades para que se conciba la seguridad desde un enfoque humano integral y se atienda con mayor firmeza las demandas sociales de la comunidad.
Mayor información:
Cesar A. Bedoya – 3014696828
Vocero Oficial: Mario Montoya Vanegas – Personero Auxiliar