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La Procuraduría Regional de Antioquia será la encargada de determinar si hubo una falta disciplinaria, en el manejo que se le dio al ingreso de pacientes positivos para COVID-19 a la ciudad de Medellín

Boletines y comunicados – 2020 / 27 Octubre 2020


  •  Por competencia preferente, la Personería de Medellín remitió el expediente a esa instancia
  • Así mismo, fue remitido al área de Averiguaciones Disciplinarias, el contrato 0364 de 2020 celebrado entre Telemedellín y la empresa Selecta Consulting Group SAS

La Personería de Medellín a través de la Unidad de Vigilancia Administrativa, remitió a la Procuraduría Regional de Antioquia, por competencia preferente, el proceso a través del cual se deberá determinar si hubo alguna responsabilidad disciplinaria, con respecto al ingreso de personas positivas para COVID-19, que llegaban a la capital antioqueña, provenientes de otras regiones del departamento, incluso del país, sin los debidos protocolos.


El caso se circunscribe puntualmente a los trabajadores del proyecto hidroeléctrico Ituango, que siendo positivos para COVID-19, eran trasladados a la ciudad de Medellín, para que adelantaran su proceso de recuperación.


Durante la averiguación realizada por la Personería de Medellín se pudo establecer, que la mayoría de veces, los responsables del traslado de esas personas, el Consorcio CCC Ituango y la ARL Sura, sí solicitaban los permisos correspondientes y los mismos eran entregados por la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, también se pudo determinar que en 2 oportunidades, el ingreso de estas personas a la ciudad, se produjo sin el permiso respectivo.


“De conformidad con las evidencias recaudadas se ha podido establecer que la ARL SURA, ingresó a la ciudad de Medellín pacientes positivos para COVID-19, provenientes de Hidroituango, entre el 24 de mayo y el 13 de julio de 2020, no obstante para algunas de las fechas, no se obtuvo el permiso de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín, a pesar de que para esa época estaba vigente el Decreto 636 de 2020 del Gobierno Nacional, por medio del cual se ordenaba el aislamiento preventivo obligatorio”, indicó Mateo Gómez López, personero delegado 20D de la Unidad de Vigilancia Administrativa, quien agregó que “será la Procuraduría Regional de Antioquia la que determine si esto se constituye en una falta disciplinaria”.


Luego del accidente presentado en jurisdicción del municipio de Barbosa, el pasado 9 de junio, la Personería de Medellín consideró pertinente averiguar qué tratamiento le estaba dando la alcaldía al ingreso de personas provenientes de otros lugares. Frente al tema, la Unidad de Vigilancia Administrativa conoció que el pasado 2 de junio fue remitida por parte de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín, la circular 202060000 dirigida a directores de EPS, EAPB, ARL y Gerentes de hoteles, donde se les indicaba cuáles eran los protocolos bajo los cuales se regía el ingreso de personas a la capital antioqueña.


De acuerdo con Mateo Gómez López, personero delegado 20D de la Unidad de Vigilancia Administrativa, “la Procuraduría Regional de Antioquia, por competencia, es la encargada de investigar a particulares, en este caso a la ARL Sura y al Consorcio CCC Ituango y deberá determinar además, si declara o no la ruptura procesal, con respecto a la Secretaría de Salud de Medellín”.


De otro lado, la Unidad de Vigilancia Administrativa, remitió al área de Averiguaciones Disciplinarias de la Personería de Medellín, el expediente del contrato 0364 de 2020 celebrado entre Telemedellín y la empresa Selecta Consulting Group SAS, cuyo objeto es el “Análisis estratégico de redes sociales”.


La determinación se tomó infiriendo que se presentan presuntas irregularidades que podrían constituir falta disciplinaria, lo que no obsta para que el operador disciplinario en el marco de la investigación, pueda entrar a profundizar en aspectos relativos a la ejecución del contrato mencionado, e incluso de considerarlo pertinente, remitir a la Contraloría General de Medellín o la Fiscalía General de la Nación, en el evento de detectar que se presentó un posible detrimento patrimonial o delito.

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